Cuando se habla de ética pública se refiere sencillamente a la ética aplicada y puesta en práctica en los asuntos de gobierno. Es la ética aplicada en los servidores públicos, entendiendo por éstos aquéllas personas que ocupan u cargo público ya sea por elección, oposición u otra medio, y que tienen una responsabilidad ante el Estado. Dichas responsabilidades se traducen en actos concretos orientados hacía el interés común y/o de la ciudadanía. La ética pública se refiere entonces a los actos humanos en tanto que son realizados por gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento del deber.
Esta sección intentará mostrar aquéllos valores para el servicio público que señala la teoría política, así como aquéllos que existen en los gobiernos y administraciones públicas contemporáneas. También se intentará responder a dos preguntas básicas. La primera, ¿por qué se ha incrementado las actitudes antiéticas como la corrupción dentro de los gobiernos y administraciones públicas del mundo? La segunda es, ¿cómo establecer diques para contener el mar de actitudes indeseables y de corrupción que inunda a distintos gobiernos y administraciones públicas del mundo?
Uno de los reclamos de toda sociedad es la atención que ésta debe recibir de su gobierno. Dicha atención se manifiesta a través de la satisfacción de las demandas de la comunidad política así como de una mayor expectativa en el nivel de vida de los ciudadanos. Sin embargo, ni los gobiernos ni sus administraciones públicas logran cumplir de forma óptima estas exigencias. Ya sea en países con economías débiles y carencia de recursos como en aquéllos con crecimiento económico y superavit financiero, existen una serie de actitudes antiéticas o antivalores en el seno de sus instituciones públicas que impiden que se opere con la máxima eficiencia anhelada y se alcancen por tanto los resultados deseados, aún en los escenarios más realistas. Esta situación ha generado que las demandas ciudadanas hayan rebasado la capacidad de respuesta de los gobiernos y que las instituciones públicas sean vistas como lentas, ineficaces e ineficientes, lo que a su vez genera que la ciudadanía pierda la confianza en su gobierno. Cualquier mejora en la operación de los organismos públicos, apoyada en recursos, técnicas e innovaciones hacía una mayor eficiencia y responsabilidad, tendrá mayor posibilidad de éxito si se acompaña de principios y valores éticos. Al ser las instituciones de carácter público, es indispensable contar con personal íntegro por lo que la ética se torna pues vital ya que desarrolla un impacto activo en el personal que a su vez se manifiesta en la marcha y desarrollo de las instituciones.
La integridad en el ser humano orienta la conducta al tiempo que permite actuar de acuerdo a valores. Es fundamental que los servidores públicos, entendiendo por éstos a aquellas personas que ocupan un cargo público y sirven al Estado (políticos, funcionarios y todos los que prestan sus servicios en las instituciones públicas), lleven a cabo un comportamiento noble al ocupar un cargo. Cuando este personal posee probidad, ejecuta cada acción con fundamento en la recta razón y acompañándose de una escala de valores. Una deliberación exhaustiva respecto a la manera de impedir que los individuos que ocupan cargos públicos practiquen actitudes indebidas conduce a la afirmación de que la causa inevitable de éstas es la decisión del individuo de comportarse de un modo correcto. Si el individuo ya ha decidido cometer un acto corrupto, planeará la manera de evadir las normas y los mecanismos de control. En todo caso se encuentra en él la decisión de actuar o frenarse. Y esto último puede lograrse gracias a la sensibilización, al desarrollo de la conciencia, a la madurez de juicio, resultado del establecimiento de unos principios internos y un dominio del carácter. Son los principios y el carácter los que impiden o motivan a actuar a una persona, y la Ética es la disciplina que los muestra. En el momento en que la Ética es aplicada al ámbito público se denomina “Ética Pública” o “Ética para la política y la administración pública”.
La Ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los servidores públicos están orientadas a la satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros de la comunidad política. Es además un poderoso mecanismo de control de las arbitrariedades y antivalores practicados en el uso del poder público. Es un factor esencial para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones, a la vez que instrumento clave para elevar la calidad de la política y la gestión pública gracias a la conducta honesta, eficiente e integra de los servidores públicos. La excelencia de los asuntos de la gestión pública se podrá alcanzar y mantener si se cuenta con servidores públicos con sólidos criterios de conducta ética. Todo individuo que participa de la función pública debe tener conciencia de que el servicio público se define como la acción del gobierno para satisfacer las demandas y necesidades de las personas que integran el Estado. El servidor público se debe a su comunidad, su sueldo es pagado por la sociedad y por lo tanto tiene una responsabilidad y un compromiso con ella. Los políticos, junto con su equipo de funcionarios y técnicos, tienen la responsabilidad de dirigir los asuntos públicos y resolverlos. Para eso se propusieron siendo candidatos. Por eso son gobierno. Para eso sirven los gobiernos. Por su parte, los funcionarios y equipo técnico, al trabajar para los políticos y ser los operadores de las instituciones públicas, se convierten en corresponsables en la función de gobierno. El político y el funcionario público no deben olvidar que están para servir a la comunidad y no para servirse de ella.
Una relectura de la teoría política sobre el origen y razón de ser de la política conduce al uso de la disciplina ética como instrumento esencial al realizar una doble función: por un lado, sirve de freno a comportamientos negativos o desviados que son nocivos en el servicio público, y por otro, refuerza los valores y comportamientos positivos contribuyendo así a la calidad moral de las personas y de las instituciones. El fomento de los valores éticos en los servidores públicos permite concienciar en responsabilidad y compromiso generando así una mayor excelencia en la calidad y gestión de los intereses colectivos. De ahí que el comportamiento íntegro de los gobernantes sea una condición sine qua non para que exista una eficiente administración, un Buen Gobierno. Si bien históricamente el tema de la ética ha estado presente en los asuntos de gobierno desde las antiguas civilizaciones, en los últimos tiempos se ha omitido o descuidado deliberadamente su participación en la función pública al representar un dique u obstáculo para aquellos individuos carentes de valores, que anhelan el poder y usurpan cargos sin merecerlos. Cuando en el sector público los valores se ausentan o se comienzan a diluir, las conductas dañinas hacen su aparición. Si bien en la teoría política así como en la historia del pensamiento político es posible encontrar los fundamentos que dan origen a la relación entre ética y política, así como las directrices para aplicarla y hacerla operativa, es importante señalar que en la sociedad contemporánea investigar, hablar y escribir sobre ética y hacerlo además para referirse a cuestiones de política y de gestión pública puede resultar una tarea un tanto compleja y a veces incomprendida. Cuando se discute sobre la importancia de fomentar la ética en el campo de la política y el gobierno generalmente las reacciones en los interlocutores son de varios tipos: por un lado, una actitud de rechazo inmediato, en ocasiones acompañada de ironía, porque se considera que es de ingenuos pensar que en el mundo de la política, infectado por la mentira y la corrupción, pueda existir algún espacio para la ética; por otro lado, existen personas con principios contrarios a las creencias religiosas, que rechazan la ética por identificarla, erróneamente con la religión. Finalmente, existe una postura más sensata, más prudente, que considera que la propuesta ética para los servidores públicos en estos tiempos es un acto de valor, un desafío, incluso es vista como un acto temerario, pero en cualquier caso, como algo necesario.
La ética pública implica fundamentalmente una relación con la política por lo que su campo de acción no se limita únicamente a los funcionarios públicos. Un Buen Gobierno, para ser considerado como tal, requiere no sólo funcionarios responsables sino también políticos responsables, puesto que son éstos quienes gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones y, de éstas decisiones depende a su vez la actuación de los funcionarios. Cualquier gobierno estará legitimado si defiende y aplica una verdadera ética pública en virtud de que ésta conlleva responsabilidad, espíritu de servicio, así como atención, equidad y justicia para el ciudadano. Para contar con buenos gobiernos se requiere primero contar con individuos buenos. Es aquí donde entra la ética al formar y mejorar a las personas. Con sólo realizar una acción buena o hacerla bien, los servidores públicos ya están cumpliendo con los preceptos éticos. Sin embargo, esta premisa, por sencilla que parezca, es difícil de alcanzar, como lo demuestran las numerosas conductas indebidas que se practican a diario. El estudio de la ética pública responde a una de las tres cualidades que antaño señalaron los filósofos y sabios griegos cuando se referían a las características que debería tener cualquier individuo que aspirara a ocupar un cargo público: a) Lealtad hacía la Constitución establecida, b) Capacidad para el cargo, y c) Virtud y Justicia.
La presente obra pretende ser una contribución a estas características, indagando sobre la manera en que se puede lograr la excelencia y al sentido de justicia en aquellos que ocupan cargos públicos para aplicar ambos conceptos durante el ejercicio de sus funciones. La pérdida de la confianza en los gobiernos y en las instituciones públicas es un asunto grave porque sin ella sociedad y gobierno se dividen generando una fractura en el Estado. La confianza se ve cuestionada, entre otras causas, por los malos resultados en la gestión pública y por los constantes casos de antivalores encontrados en la conducta de políticos y funcionarios tales como: abuso de autoridad, tráfico de influencias, mentira, prevaricación, transfuguismo, desenfreno, uso indebido del patrimonio público o corrupción.[1] Estas situaciones se repiten con cierta frecuencia, más aún, tienden a incrementarse. La razón es simple, durante mucho tiempo se descuidó la ética en la formación de políticos y funcionarios públicos. Incluso hoy en día, son pocos los gobiernos en el mundo que cuentan con alguno de los siguientes instrumentos básicos:
a) Un responsable para Asuntos Éticos del Gobierno,
b) Una Oficina o Área de Ética Pública,
c) Una Ley Ética,
d) Un Código Ético de Gobierno,
e) Un Programa de Ética en el plan de gobierno y,
f) Profesionales especializados para impartir ética.
Los antivalores en general y la corrupción en particular, generan ineficiencia en el servicio público. Pese a existir diversos mecanismos que intentan combatirlos éstos son, normalmente, meros instrumentos de control externo al individuo, dejan de lado lo esencial, es decir, todo lo que se refiere al desarrollo interno de la persona, al autocontrol, a la práctica de valores. No obstante, la ética no pretende ser la panacea a los problemas que enfrentan los gobiernos y las administraciones públicas, sino un instrumento más en la “caja de herramientas”.
Cualquier técnica aplicada en la gestión pública: calidad, evaluación, rendición de cuentas, etcétera, podrá tener mayor impacto si se acompaña de la ética. El principal reto que afronta la ética pública no sólo es el establecimiento de valores sino su interiorización en las personas, es decir, es posible saber cuáles son los valores éticos deseables pero lo difícil es aplicarlos en la práctica diaria, logrando que las cualidades éticas florezcan en la vida de los servidores públicos. El desafío de toda ética consiste en encontrar la forma de concienciar al servidor público sobre la importancia de asumir valores por el bien de la comunidad. No basta con que un individuo posea conciencia sobre la importancia de la ética si finalmente actúa de forma contrario a la que ésta le dicta. Más allá de la conciencia está, y esto es lo más importante, el hecho de actuar como se piensa.
Los fundamentos de la Ética Pública parten de la disciplina ética básica, del estudio de autores de la teoría política, tanto clásicos como contemporáneos. Una relectura de las obras clásicas tales como: Las Éticas Nicomaquea, Eudemiana y Magna moral de Aristóteles, los Tratados Morales de Plutarco, El Manual y Máximas de Epicteto, los Tratados Morales de Séneca, Sobre los deberes de Cicerón, Las Meditaciones, de Marco Aurelio o Los Cuatro Grandes Libros de Confucio, conduce hacía los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la ética en la vida pública así cómo su estrecha vinculación con la política, siendo que política y ética forman un todo difícilmente diferenciable. Asimismo, diversos autores contemporáneos, estudiosos de la ética pública son: Max Weber, Hans Kung, Aladis McIntire, Amitai Etzioni, Amartya Sen, Zygmunt Bauman, Gerald Caiden, Adela Cortina o Victoria Camps, algunos de los cuales invitan, precisamente, a la revisión de los clásicos.
Es de señalar que en el pensamiento político contemporáneo existe una corriente cuyos seguidores adoptaron el nombre de comunitaristas y que plantea un retorno de la política hacia las virtudes del pensamiento clásico griego, en concreto a las virtudes aristotélicas. De igual manera, el estudio de la ética se encuentra inmerso en el Modelo Burocrático Weberiano y en el Modelo de la Nueva Gestión Pública, así como en la filosofía de la calidad. A partir de los años noventa del siglo XX, el interés por la ética y su debate contemporáneo también es consecuencia de la concienciación y participación ciudadana ante el incremento de los escándalos de corrupción y otras actitudes antiéticas. Conviene también resaltar que en los últimos años existe una creciente atención hacía el fomento de la ética en disciplinas como la biología, la medicina, los negocios o la tecnología, donde existen Comités de Ética, no así en las áreas sociales que, por ahora, parecen haberse quedado al margen.
En materia de ética pública tres verdades se hacen evidentes: a) Cuando se rescatan y fomentan en los servidores públicos los valores éticos, éstos construyen, reconstruyen, fortalecen, motivan, dan integridad y crean identidad o espíritu de cuerpo lo que conduce a una actuación de mayor responsabilidad al generar en el individuo una conducta libre, orientada a la realización del bien mediante el cumplimiento del deber. Por lo tanto, a mayor cultura organizacional, bajo la adquisición de principios de responsabilidad y eficiencia, mayor cambio de actitud en los servidores públicos. b) En contraposición, a mayor omisión, descuido, ignorancia o rechazo de la ética en quienes participan en los asuntos públicos, mayor será la posibilidad de surgimiento de conductas basadas en antivalores durante el ejercicio de las tareas, por más competentes y expertos que los individuos sean. La falta de mecanismos para el fomento e instrumentalización de la ética pública así como la penetración de estereotipos externos (no necesariamente positivos) alteran los principios de conducta en la vida pública, contribuyendo así a elevar los actos antiéticos. c) Pese a la pluralidad irreductible de orientaciones valorativas en el mundo contemporáneo es posible alcanzar un marco procedimental suficientemente fundado para lograr acuerdos normativos, en situaciones concretas, ligadas a los deberes de los gobernantes y funcionarios públicos.
Finalmente, cuando se hace referencia a servidores públicos es importante tomar en cuenta lo siguiente:>/p>1. Si bien existen servidores públicos irresponsables que practican conductas antiéticas durante el ejercicio de sus funciones, también existen servidores públicos honestos, respetuosos con su trabajo y comprometidos con sus tareas los cuales contribuyen con su esfuerzo a la marcha y desarrollo de las instituciones. 2. Las conductas contrarias a la ética han existido y, seguramente, existirán siempre cualquiera que sea el sistema político y la época histórica. No obstante, el hecho de reconocer esta situación no exime de reflexionar y plantear un conjunto de medidas a fin de mermar su alcance. 3. Si bien la ética pública contribuye a la lucha para prevenir y evitar la corrupción no se queda únicamente en ello, persigue el objetivo de contar con buenos gobiernos que afronten los grandes retos de injusticia, pobreza, desconfianza o insatisfacción que padecen los ciudadanos. 4. El estudio de la ética pública invita a ir más allá, hacía una reflexión profunda, adentrándose en un territorio donde aún hay mucho que explorar.
